Según señala el periódico La Provincia- Diario de Las Palmas, las recientes modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permiten nuevamente la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en la construcción o adquisición de viviendas para el alquiler asequible, ante la emergencia habitacional en las Islas, no serán plenamente eficaces si no se corrigen determinados aspectos técnicos que dificultan su acceso a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Así lo advierte Salvador Miranda, asesor fiscal y director de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal (REF).
El experto, autor de extensos manuales sobre el funcionamiento y uso de la RIC, entre otras obras dedicadas al REF, recuerda que la reforma entró en vigor el pasado 28 de julio y, por lo tanto, aún es pronto para conocer si está siendo efectiva. La norma se puso en marcha tras un intenso debate político, económico y jurídico tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados, donde la medida fue defendida por el Gobierno regional como una vía para movilizar la inversión privada hacia la vivienda para los arrendamientos asequibles.
La reforma fue aprobada después de meses de negociación con los ministerios de Hacienda y Vivienda, y tras superar las reservas de varios grupos parlamentarios sobre el riesgo de que los fondos de la RIC se desviaran al mercado inmobiliario especulativo. Finalmente, se introdujeron condiciones estrictas –como el uso exclusivo para el alquiler habitual, la obligación de mantener el arrendamiento durante al menos cinco años y la prohibición de destinar las viviendas a uso vacacional o turístico–, lo que permitió alcanzar el consenso final.
18 años después
La posibilidad de materializar la RIC en vivienda se recupera 18 años después, tras su eliminación en 2007 a raíz de la burbuja inmobiliaria. «Me parece positivo que se haya retomado de manera coyuntural, porque existe una necesidad clamorosa de vivienda en Canarias que la Administración no ha sabido atender durante décadas», afirma Miranda. No obstante, señala que es necesario ajustar ciertos aspectos para que también puedan acceder a estas inversiones las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del tejido empresarial canario, y no solo se beneficien las grandes sociedades.
Miranda expresa serias dudas técnicas sobre la aplicación de la normativa de la RIC en vivienda, especialmente en lo relativo a los requisitos laborales que impiden la participación efectiva de las pymes. Uno de los principales problemas identificados por el experto es la obligación legal de contar con un empleado para que la actividad de arrendamiento se considere económica y, por tanto, susceptible de materializar la RIC.
Actividad económica
Durante años, los tribunales permitieron cierta flexibilidad, reconociendo que la existencia o no de un empleado no debía ser determinante si se podía demostrar que había una verdadera actividad económica. Sin embargo, la redacción actual de la norma vuelve a dejar dudas.
«El sistema no parece estar pensado para empresas pequeñas, sino para compañías grandes», advierte. Para una empresa pequeña con, por ejemplo, diez pisos, contratar a una persona no resulta rentable. Y además, si contratan a un empleado pero este no tiene suficiente carga de trabajo porque los alquileres son de larga duración, los tribunales podrían anular el beneficio fiscal de la RIC al considerar que no hay actividad económica, explica. Además, si la entidad que dota la RIC tiene un bajo volumen de viviendas, no puede acudir a la externalización de servicios y está obligada a contratar como mínimo a una persona a jornada completa para la gestión de los arrendamientos.
A diferencia de las pequeñas empresas, a las grandes compañías no les afecta tanto esta exigencia porque suelen tener un volumen mayor de inmuebles y pueden justificar la contratación de personal propio y externalizar la gestión.
Seguridad jurídica
El director de la Cátedra del REF subraya que el efecto práctico de esta rigidez sería limitar el beneficio casi en exclusiva a las grandes compañías, reduciendo la posibilidad de que los pequeños empresarios o pymes contribuyan a incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias. «No se trata de una panacea. Hay empresas a las que esta opción les servirá y a otras no. Pero cuanto más empresarios se impliquen en este esfuerzo, más viviendas saldrán al mercado», afirmó.
Para ello, insistió en que es imprescindible ofrecer seguridad jurídica desde el inicio, y considera que es necesaria una interpretación oficial y uniforme de la Dirección General de Tributos (DGT) que elimine las dudas que hoy existen sobre la aplicación práctica de la reforma. «Si ni siquiera yo lo veo claro ahora, imagínense lo que ocurrirá cuando un pequeño empresario intente aplicarlo», enfatiza.
Baleares copia
Miranda reconoce el valor de la decisión de reintroducir esta posibilidad de inversión con la RIC. De hecho, destaca como novedad que incluso Baleares quiere copiar esta nueva dotación en la compra y construcción de viviendas para alquiler dentro de su propia Reserva para Inversiones (RIB), inspirada en la canaria, dado que el archipiélago mediterráneo sufre una crisis habitacional similar a la de Canarias.
500 millones y 1.500 viviendas
El experto considera que la dotación en viviendas puede dinamizar el mercado ante la escasez actual. Si se despejaran las trabas para las pymes, un cálculo realista sugiere que podrían movilizarse unos 500 millones de euros con esta fórmula. Asumiendo que el coste medio de una vivienda asciende a 300.000 euros, la materialización de esos fondos podría incorporar al parque de vivienda entre 1.000 y 1.500 unidades, remarcó.
