“Estoy seguro de que hubiésemos sido más eficaces en la previsión y la extinción de no encontrarnos afectados por una burocracia de solapamiento competencial”, asegura el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria y miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Fernando del Castillo.
Como cualquier grancanario de buena fe, me encuentro todavía estupefacto ante semejante y bochornoso incendio que ha arrasado una copiosa masa forestal de nuestra querida cumbre en pleno corazón de la Isla. Nos encontramos desolados con un sentimiento de tremenda impotencia frente a este tipo de desastres naturales de una magnitud tal que son capaces en poco tiempo de obliterar no solo todo un patrimonio medioambiental de cientos de años sino poner en peligro a miles de familias que viven cerca o dentro de las zonas afectadas.
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los ciudadanos y profesionales que con valentía han dedicado su tiempo, todos sus conocimientos, incluso en ocasiones arriesgando su propia vida, para extinguir y erradicar el fuego que se ha propagado incontroladamente por todos nuestros campos. Nuestra Gran Canaria ha sido pasto de las llamas.
Este desafortunado acontecimiento es tan demoledor para nuestra Isla que no quita que respondamos con todo el posible voluntariado o poner todos los recursos privados disponibles para replantar, reforestar o enmendar las zonas devastadas como pudieran pedir Asociaciones de prestigio del tipo de Foresta u otras. Pero no nos olvidemos que, descontando todo este incontrolable infortunio que nos continuará asediando en cualquier momento venidero, es nuestra obligación como Sociedad Civil pedir responsabilidades a la Administración competente sobre cuales han sido los errores cometidos en la prevención y gestión en la extinción de estos horribles incendios que han puesto en jaque una gran parte de nuestro patrimonio natural y medioambiental, orgullo de todos los gran canarios, pero también reclamo fundamental de nuestra industria turística.
La herida de Gran Canaria sigue abierta y los daños ocasionados en nuestro patrimonio natural son de tal magnitud que los técnicos y políticos de la Administración competente están obligados a explicarnos y justificarnos el porqué se ha producido un desastre de tales dimensiones y como es posible que no se hayan introducido otras medidas preventivas más eficaces para haberlo evitado o al menos minimizado.
No estoy capacitado para valorar científicamente si tal catástrofe se podría haber paliado o minimizado con políticas o disciplinas técnicas menos conservadoras que no se han podido implementar dada la postura imperante de un ecologismo radical contraria a un mayor mantenimiento y limpieza de nuestros bosques de pinos. Sí estoy seguro de que hubiésemos sido más eficaces de no encontrarnos afectados por una burocracia de solapamiento competencial que impide más que obliga a los propietarios privados de bosques a no poder gestionar o mantener debidamente el sotobosque de sus fincas, fuente de combustible mortal. Tampoco confiamos ahora en el discurso subjetivo de los técnicos responsables que seguramente por amor propio no serán capaces de reconocer sus propios errores, en no haber aplicado mayores medidas preventivas, haber realizado algunas acciones desacertadas en la extinción de los incendios o simplemente culparán a los políticos de turno por los escasos recursos asignados para tales fines e incluso por la falta de apoyo económico en alguna de las iniciativas solicitadas por ellos para mejorar la gestión forestal.
Desde el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria pensamos que en un país serio y desarrollado como el nuestro se deberían pedir dimisiones a los responsables si se concluye tras una evaluación independiente que realmente se llevaron a cabo acciones incompetentes o si la actual postura de un ecologismo radical ha sido la causa detonante de esta catástrofe. Queremos recabar el apoyo de toda la Sociedad Civil, y por ello apelaremos a otras Asociaciones representantes de ésta, manteniendo un postura consensuada para conseguir que al menos no sean los actuales responsables de la Administración los que nos intenten convencer y justificar la idoneidad de sus acciones preventivas o las implementadas en la extinción de los incendios que tanto daño han causado a nuestra tierra y tal vez descaradamente aprovechen la ocasión para vendernos todo lo que pudiesen haber hecho de no ser la culpa de otros.
Por todo lo anterior con el deseable y máximo apoyo de toda la Sociedad Civil, solicitamos a la Administración competente que es nuestro Cabildo, que se comprometa a encargar de inmediato a la más prestigiosa entidad profesional, nacional o internacional, independiente, especializada en prevención, gestión y mantenimiento de propiedades forestales, un informe actualizado sobre la situación de nuestro patrimonio forestal en Gran Canaria con una valoración de lo sucedido, diagnóstico e identificación de deficiencias, errores de gestión y mantenimiento e incluso una evaluación de cómo se ha gestionado la extinción de estos recientes incendios.
Esto es lo que le interesa saber a la sociedad Gran Canaria, conocer la mejor propuesta para la gestión eficaz de nuestros bosques y confiar en una Administración, como es nuestro Cabildo, capaz de implementar sin ideario político alguno, todas las acciones técnicas oportunas para mejorar el mantenimiento y prevención de incendios con la garantía suficiente de poner todos los recursos económicos necesarios para conseguir este objetivo. Que no se diga que el Cabildo no cuenta con recursos ya que hoy en día atesora inútilmente cifras de tesorería por encima de los 500 millones de euros.
¡Pongámonos a trabajar ya! Todos podríamos minimizar los efectos devastadores de estos recurrentes e irremediables incendios de nuestros bosques, los cuales seguiremos lamentablemente afrontando, muchos de ellos producto de negligencias de ignorantes, o delictivas acciones de pirómanos a los que se les debería endurecer las penas de cárcel para evitar estas detestables acciones. Necesitamos, eso sí, un cambio radical de política preventiva y mantenimiento para hacer posible esta misión imposible.
