ESTE BLOG Y LAS OPINIONES AQUÍ VERTIDAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA DE DEBATE Y NO EXPRESAN LA OPINIÓN OFICIAL DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA.
En España, cada hora se publican 109 páginas legislativas oficiales. Lo que implica que, cada día, haya 2.633 páginas de normativas o información ciudadana. Situación que bloquea completamente el desarrollo de cualquier proyecto legislativo y que deja clara la ineficacia del sector público en lo que a regularización se refiere. Con las trabas que todo ello supone a las empresas, principales baluartes de la creación de empleo y la recuperación económica.
Uno de los bloqueos más destacados es el del Siam Park en El Veril, donde el entramado legislativo y la inseguridad jurídica han llevado a paralizar una inversión de más de 60 millones de euros que serviría para incrementar sustancialmente el interés turístico del sur de Gran Canaria e impulsar la revitalización de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana.
El informe de producción normativa de 2015, elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pone de manifiesto que esta vorágine legislativa es aún mayor en las comunidades autónomas: el 81% del total de las páginas publicadas el año pasado proceden de ellas. Este overbooking del marco legal español ha sido objeto de estudio por parte de la OCDE que ha valorado este récord español haciendo hincapié en la necesidad de suprimir esta compleja situación del proceso legislativo y criticando directamente la “duplicidad de la legislación” en el caso de las CCAA.
En Canarias, fijándonos solo en la planificación territorial, son más de 51 disposiciones legales autonómicas, 28 estatales y 5 comunitarias las que hacen frente a cualquier proyecto económico en nuestro territorio. Y analizando las estadísticas que brindan los resultados a lo largo de todo este proceso las cifras son claras: en dos décadas, solo 26 planes han podido salir adelante, con muchas de las resoluciones acabando en manos de los tribunales, como es el caso de El Veril. Porque además, cualquier proceso de adaptación o revisión integral está, desde 2003, supeditado a continuos estancamientos debido a cambios en los planes territoriales y especiales.
Han sido muchos los políticos que, a lo largo de los últimos años y conscientes del freno que esto supone a la economía y al desarrollo español, han prometido medidas para simplificar y clarificar las leyes, aunque sin mucha celeridad. De las medidas barajadas por el Gobierno central solo se ha llevado a cabo una de ellas: la puesta en marcha de textos refundidos para evitar el caos regulatorio.
Una de las demandas que precisamente la CEOE ha hecho al Gobierno para evitar la proliferación de normas es estabilizar el ordenamiento jurídico promulgando leyes "claras, simples y en un número reducido con el fin de evitar interpretaciones posteriores". Así como adoptar un sistema de coordinación legislativa entre las Administraciones Públicas que "evite la profusión y dispersión legislativa".
