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¿Ha intentado alguna vez llevar a cabo algún proyecto sobre suelo canario? Haga la prueba: En Canarias, desde la reposición de un bancal hasta la construcción más compleja están reguladas por más de 51 disposiciones legales autonómicas, 28 estatales y 5 comunitarias. Además, cualquier proceso de adaptación o revisión integral está desde 2003 supeditado a continuos estancamientos debido a cambios en los planes territoriales y especiales.
Pero no es el único impedimento para que cualquier actuación sobre el territorio avance. Tan solo analizando las estadísticas que brindan los resultados a lo largo del enmarañado proceso se puede apreciar la incapacidad del Sistema para asegurar su propia efectividad. Este enrevesado marco legislativo que sufren las Islas en lo que respecta a la ordenación del territorio es, sin duda, uno de los lastres que bloquean el desarrollo tanto de proyectos como inversiones en las Islas.
El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE) destaca en su III informe sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias la voluntad del anteproyecto de la Ley del Suelo por agilizar los trámites y desenredar la actual maraña jurídica.
El think tank presidido por Ángel Ferrera, miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, cree que el principal acierto del ejecutivo canario es abordar la idea de agilizar y simplificar los trámites ya que, a su juicio, este entramado ha mostrado con creces durante los pasados dieciséis años su falta de efectividad y bloqueo a la economía. En su anterior informe, el CATPE hacía hincapié en la excesiva judicialización de los planes de urbanismo, principalmente por culpa de la disparidad de criterios de la COTMAC. En estas casi dos décadas, tan solo 26 planes han salido adelante y tan solo en 2011, hasta el 39,4% de las resoluciones del organismo acabaron en los tribunales.
