Reducción de la Administración Pública para la generación de empleo y economía
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Este mes se ha propagado el vídeo grabado por Norberto Morales, un empresario grancanario que se quejaba ante la cámara de su teléfono móvil de cómo la burocracia en la administración pública canaria lo ha dejado sin una ayuda para emprender su negocio. La administración pública nunca respondió a su solicitud un año y medio después y ahora Morales se encuentra fuera de plazo para aportar la documentación que le falta.
Pero el caso de Norberto no es sino uno más de los que demuestran que reformar la Administración Pública constituye una necesidad urgente. En toda España, pero en particular en Canarias, la Comunidad Autónoma con la segunda mayor tasa de paro.
Aligerar la carga de burocracia redundaría en beneficio de todos. O de casi todos. “La reforma de la Administración Pública y la simplificación legislativa implica menos trabajo burocrático que atemoriza a los empleados públicos, y por lo tanto, aumenta el temor a quedarse sin empleo”, explica Sergio Alonso, presidente del grupo Domingo Alonso. “Los políticos tienen similar temor pues a menos puestos menos famigachos (familiares y amigachos) a colocar”, añade.
Otra clave puede estar en la competencia que provocaría la definitiva transformación digital de Administración Pública, incapaz de prestar los servicios a que se compromete con sus ciudadanos. “La iniciativa privada dará mejor servicio al ciudadano, le ahorra tiempo y gasolina y facilita procesos a la administracion, ya que solo necesita un backoffice: el ciudadano tendrá la opción de recibir un servicio eficiente por pare de las empresas, gracias a la competencia”, de la misma manera que compiten entre sí Netflix, Movistar + o Amazon Video.
El mejor ejemplo, no obstante, lo encontramos en Apple. La compañía cuenta con una plataforma de dispositivos de alta calidad que, sin embargo, pierden valor sin el contenido: las apps. La compañía no desarrolló ella misma este software, sino que abrió su plataforma (con unos límites) a los desarrolladores de aplicaciones, y comparte las ganancias con ellos según las ventas que obtengan.
En el caso de la Administración, se trataría de abrir la interfaz a desarrolladores, acotar cómo quiere que le llegue la información por parte de los desarrolladores y asegurar que se salvaguarda la protección de datos.
Los datos hablan por sí solos. En Canarias, 140.500 personas trabajan a sueldo de la Administración. Allá en 2009, los mensajes acerca de la necesidad de aligerar las plantillas públicas no dejaron de repetirse. Sin embargo, la plantilla pública ha aumentado en 1.500 personas, y se ha visto acompañada de la proliferación de empresas públicas que juegan con ventaja al estar sustentadas por una Administración hipertrofiada pagada por ciudadanos como usted o Norberto Morales.
