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La enésima traba a la inversión en Gran Canaria

jun. 9, 2017 Economía

Al Grupo Kiessling se le acumulan los paros y las trabas administrativas en torno al proyecto del Parque Acuático del Veril. Algo inadmisible para un proyecto millonario que puede dotar a Gran Canaria de más de más de 700 puestos de empleo, dos millones de visitantes al año y 60 millones de inversión en su totalidad, según las cifras que maneja la compañía.

El propietario del Loro Parque ha expresado públicamente su descontento por los continuos obstáculos que, desde el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, se están poniendo a la construcción del parque acuático en el Veril. En una rueda de prensa, los propietarios del Siam Park en Tenerife han declarado que “de seguir así”, podrían decidir “no seguir adelante con el proyecto”. Queda tiempo, sin embargo, para salvarlo.

Además del manido retraso en cada decisión municipal, el desencadenante del hartazgo del grupo proviene de la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de dirigirse al Cabildo para preguntar si es necesaria la calificación territorial antes de dar la licencia para el inicio de las obras, que pasan por el encauzamiento del barranco. Una calificación que, al parecer, puede ni siquiera ser necesaria puesto que el propio Ayuntamiento cuenta con informes municipales que dictaminan que ese trámite no es preciso.

Esta situación no es sino una muestra más de las trabas que, desde las instituciones públicas, llevan años produciéndose a las inversiones en Gran Canaria. Pero la paciencia de los empresarios tiene un límite, y más cuando se trata de una inversión millonaria. Una inversión de carácter estratégico totalmente necesaria para nuestra isla, que podría ver potenciado sustancialmente su interés turístico y a la vez, impulsar la revitalización de la zona de San Bartolomé de Tirajana.

Desde El CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA se considera éste un ejemplo claro de las dificultades por las que tiene que pasar cualquier proyecto de inversión en las islas, por culpa del enmarañado marco legal y las continuas trabas de la burocracia. Preocupante, sin duda, que en una inversión de este calibre tenga que verse continuamente frenada por nuevos impedimentos.

Nadie duda de que hay que tratar al territorio con respeto y cariño. Con esta excusa, sin embargo, se ha ido tejiendo una compleja maraña legislativa y un caos competencial que ha sepultado cientos de proyectos en detrimento del crecimiento económico y a favor, en muchas ocasiones, de la actuación discrecional y arbitraria de los poderes públicos.

 


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