ESTE BLOG Y LAS OPINIONES AQUÍ VERTIDAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA DE DEBATE Y NO EXPRESAN LA OPINIÓN OFICIAL DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA.
El Gobierno de Mariano Rajoy redujo el Impuesto de Sociedades entre 2010 y 2015 del 30% al 25%. Ello contribuyó a que las empresas se convirtieran en las principales valedoras de la recuperación del empleo desde 2013. Sin embargo, ahora que la Unión Europea obliga a España a bajar el déficit al 3,1%, desde el 3,6% actual, esta recuperación corre el peligro de truncarse: el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro prevé incrementar el Impuesto de Sociedades, de nuevo, al 30%.
España puede castigar a las empresas imponiéndoles más cargas que los países de su entorno, sobre todo si además se suprimen deducciones que otros aceptan. Es el caso de Reino Unido, por ejemplo, que teniendo un impuesto de sociedades del 20% se plantea reducirlo aún más hasta el 15% con el fin de poder competir en igualdad de condiciones con Irlanda y evitar la fuga de empresas en este nuevo escenario fuera de la UE, temiendo el efecto que las aduanas podrían generar tras el bréxit.
Otros países con una economía próspera, también presentan cifras menores a nuestro país, como es el caso de Dinamarca (24%), Suecia (22%), Finlandia (20%), República Checa (19%) o Irlanda (12%). España, en este nuevo escenario, se situaría la séptima, a 7 puntos por encima de la media europea.
Por si fuera poco, no es solo el impuesto de sociedades el único tributo que puede ahogar cada vez más a las empresas españolas. Los costes salariales no laborales (es decir, todos los costes que representa un trabajador exceptuando su salario) equivalen al 35% del sueldo bruto. Una de las cifras más altas de la UE, superando en cuatro puntos la media. Con la tasa de paro actual, España no puede permitirse que este coste sea tan elevado, puesto que es uno de los factores determinantes que impide el aumento de las contrataciones o las subidas de sueldos.
El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional forma parte del mismo problema. Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, sostiene que los salarios que pagan las empresas no pueden subirse “por decreto”. El Congreso ha aprobado una proposición de ley, con los votos en contra de PP y UPN, que fija un calendario de subida progresiva de este suelo salarial durante la presente legislatura hasta alcanzar los 950 euros mensuales en 2020. No podemos actuar sobre un síntoma sin actuar sobre la enfermedad”, enfatiza Manrique de Lara.
El CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA ha mostrado su descontento en numerosas ocasiones con el tamaño y de la administración y con el dinero que se despilfarra en las entidades públicas. Una regularización de este sector sería mejor opción que ahogar con impuestos a las empresas privadas. Opción que, igualmente fomentaría la creación de empleo y conseguiría la reducción del déficit.
