La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reclama al Gobierno que "suavice" la regulación fiscal y las barreras regulatorias que frenan la competitividad de las empresas y, por tanto, lastran el crecimiento del país.
Son precisamente estas trabas y frenos regulatorios los que, en mayor medida, nos han llevado al casi 30% de desempleo que soportan las islas, un territorio en el que todavía pesa una burocracia desmedida, una moratoria a la construcción de hoteles y un freno administrativo a las inversiones. "Frente a una administración complicada y laberíntica en la que cada vez nos vemos menos representados, lo que se hace preciso es generar un clima de confianza, acabar de una vez con las duplicidades y aligerar urgentemente y de forma radical las engorrosas trabas administrativas que sufre nuestra economía”, aseguró el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA en su manifiesto publicado en agosto de 2014".
El director adjunto del think tank, Ángel de la Fuente, advirtió de que las más perjudicadas son las medianas empresas, que son “las más afectadas por la fiscalidad y las que menos recursos tienen para aprovecharse de beneficios normativos”. El estudio de Fedea pone cifras a la erosión del tejido empresarial durante la crisis: desaparecieron 300.000 sociedades, el 10% de los tres millones que existen ahora en España.
Hoy en día, persisten problemas estructurales que impiden a las empresas ganar tamaño. Según el autor del informe, José Carlos Fariñas, en España “se invierte tasa anual de variación poco en I+D+i, y este es un aspecto clave para crecer”. Pesa, asimismo, el hecho de que la mitad de las compañías españolas no tienen asalariados y que el millón y medio restante emplea menos de diez personas. Además, las microempresas son las que más contribuyen a crear.
