Fiscalidad

"Solo desde el equilibro nos podemos entender entre iguales; si no, habrá ciudadanos de segunda categoría". Quien habla no es otro que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante el discurso de investidura que pronunció en julio ante el Parlamento de Canarias. El reparto de los aproximadamente 160 millones anuales que deberán provenir al año a raíz del fin del extinto IGTE (Impuesto General de Tráfico de Empresas) pone en cuestión, sin embargo, esta igualdad prometida por el presidente hace apenas cuatro meses. Porque Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, tiene razón en la postura que ha sostenido con firmeza ante la Fecai y ante el Gobierno regional: el reparto de los fondos ha de llevarse a cabo según los criterios del REF, y no según la injusta triple paridad.

Recapitulemos: el IGTE es un impuesto que en realidad ya no se cobra, dado que desde 1993 se incorpora al IVA en la península y al IGIC en Canarias. El Estado lo considera de su titularidad y por eso cada año reclama a Canarias la parte correspondiente. En septiembre pasado, un acuerdo preliminar entre Canarias y Estado ha posibilitado que en un plazo todavía indeterminado se deje de transferir la mitad de este dinero. Solo la mitad, porque el otro 50% ya se canceló en 2010.

Ha sido el reparto de estos fondos (cuya titularidad, no olvidemos, sigue siendo del Gobierno de España: incluso figuran en los Presupuestos Generales del Estado de 2016) el que ha provocado el primer gran enfrentamiento entre Administraciones en esta legislatura. 

Lo ideal sería que este dinero se destine a inversiones o servicios públicospa. Y se debe garantizar, además, que el reparto sea equilibrado. Y si de algo carece la propuesta de reparto que maneja el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares a excepción del de Gran Canaria es, precisamente, de equilibrio.

La propuesta de usar la triple paridad contemplada en la ley electoral canaria parece responder más a un plan con la mira puesta en los comicios generales del 20 de diciembre y los posibles pactos poselectorales que a un reparto que persigue objetivos de justicia y equidad con una isla como Gran Canaria. Solo así se puede interpretar que el Gobierno y los Cabildos estén barajando una fórmula que castiga a los territorios con más paro (Gran Canaria soporta el 44% del desempleo total de las Islas); o que permite que un habitante de una mitad se distribuya entre casi 1,8 millones de habitantes y la otra para 300.000; o que conduce a que un parado de grancanario (o de Tenerife) reciba unos 300 euros de estos fondos frente a los 5.000 euros de cada desempleado de El Hierro o La Gomera. Y que, además, olvida de forma flagrante los criterios de población, una variable clave en cualquier modelo de financiación. 

El criterio más adecuado es el que contempla el Régimen Económico y Fiscal de las Islas. Es decir, el 58% para las corporaciones locales (el 60% de este 58% va para los Cabildos). Y para su distribución, se toma la población como referencia en un 87,5%. Es más, el REF ya se usa para distribuir el 50% que desde 2010 obra en poder de las Administraciones canarias. Y es que, además, el IGTE no es sino un recurso que se detrae del IGIC. Y, como tal, puede ser considerado un ingreso derivado del REF (los ingresos del REF son sobre todo el IGIC y el AIEM, además del Impuesto de matriculación).

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, conviene recordar, no es una norma cualquiera: es ni más ni menos la regulación pactada con el Estado y la Unión Europea que rige la financiación especial de las islas y que compensa nuestra condición insular, nuestra lejanía y nuestra escasez de recursos y sus parámetros ya aseguran la solidaridad. ¿No sería lo más lógico usarlo también para distribuir estos nuevos recursos?

La triple paridad, por el contrario, es una norma que hay que erradicar incluso de la Ley Electoral. Usarla encima para definir el destino de los fondos del IGTE supondría penalizar gravemente de nuevo a la isla con más paro y más población. Y esto es algo radicalmente opuesto al equilibrio que promete Fernando Clavijo.