Hace unos días, leíamos en el periódico Canarias 7 que Nueva Canarias aprovechará la crisis climática para reclamar su moratoria turística, en boca de un portavoz parlamentario. Una afirmación que, aunque necesita del consenso en el seno del cuatripartito, algo que, por el momento no se ha dado, sí refleja el sentir de algunos miembros del ejecutivo regional actual de poner límites al crecimiento.
Ante estas declaraciones, cabe recordar que el sector turístico ocupa menos del 3% de su territorio insular y que mantiene prácticamente intacta gran parte de su naturaleza original. De hecho, Gran Canaria pertenece a uno de los 500 lugares en el mundo seleccionados por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. El turismo, un sector económico sobre el que deben aplicarse todas las medidas de estímulo posibles, máxime ahora que por causas externas está sufriendo un estancamiento.
Resulta clave no cortar las alas a las empresas canarias. Muchas de ellas están derivando su inversión a otros destinos debido al bloqueo administrativo, como señaló recientemente Francisco López, CEO del Grupo Lopesan y miembro del Círculo de Empresarios en esta entrevista. Una situación que repercute directamente sobre nuestra competitividad y fortaleza económica. Insisten en no reconocer que quien crea empleo, riqueza, bienestar social y crecimiento son los empresarios.
Sobre el sector servicios recae el peso de la actividad económica de la isla, vivimos de él, y es la única esperanza para generar empleo y bajar la fatídica cuota del 20% de desempleo.
Las empresas canarias, de hecho, están por delante del sector público en la aplicación de medidas para luchar contra el cambio climático y favorecer la sostenibilidad, como destacamos en este artículo. Por tanto, los primeros y más interesados en proteger nuestro territorio y vemos que este argumento solo se utiliza para justificar el intervencionismo de las administraciones.
Actualmente las empresas incluyen en su gestión el seguimiento de la huella de carbono y los comportamientos éticos. Es ese el camino, responsabilidad compartida de la gestión del territorio, y no restringir su actividad.
En este sentido, debemos volver a señalar que no se está facilitando a las empresas desarrollar proyectos sostenibles, y es que los obstáculos y la inercia administrativa siguen siendo la tónica dominante pese a que el actual Gobierno regional y otras instituciones han priorizado la lucha contra el cambio climático en esta legislatura.
El papel de los responsables públicos hacia la transición ecológica debe centrarse en ofrecer alternativas y soluciones reales a las empresas, y no frenarlas con cargas fiscales y trabas administrativas. Este camino, con un objetivo común indiscutible, debemos hacerlo juntos.
Lo hemos repetido hasta la saciedad, la actividad empresarial responsable del crecimiento económico que sustenta la gestión pública, y de la generación de empleo necesita: seguridad jurídica, agilidad administrativa, confianza por parte de los responsables políticos y eficiencia en la gestión pública. Imponer restricciones a su crecimiento y aumentar los costes de producción a través de impuestos es el camino contrario.
