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¿Qué impide ratificar el convenio que posibilita su financiación y consecuente ejecución? ¿Un planteamiento electoralista? ¿Una estrategia presupuestaria que pondría en último lugar los derechos de Canarias? ¿La carencia de fondos por parte del Estado? ¿Es un retraso deliberado?
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El convenio contiene una treintena de grandes obras en el archipiélago con un presupuesto global de unos 2.000 millones de euros a ejecutar en los próximos ocho años
El Círculo de Empresarios de Gran Canaria demanda una explicación convincente ante la dilación de la firma del nuevo convenio de carreteras entre el Estado y el Gobierno de Canarias, dado que este no puede ni debe quedarse en una declaración de intenciones.
El Círculo basa su afirmación en que es un derecho de Canarias reconocido en el Estatuto de Autonomía, en la ley de modificación del Régimen Fiscal de Canarias de 1991 y en su modificación actual de 2018. También está reconocido y dictaminado en varias sentencias del Tribunal Supremo ante el incumplimiento del anterior convenio por parte del Estado durante la crisis 2007-2012. Y, en definitiva, es una imperiosa necesidad de la economía canaria que requiere inversión productiva para estimular su crecimiento y también una demanda social para garantizar la movilidad entre islas y dentro de ellas.
Si es competencia del Estado ejecutar las obras de interés general, y estas se justifican precisamente como respuesta lógica a su propia denominación, el interés general: ¿qué impide ratificar el convenio que posibilita su financiación y consecuente ejecución? ¿Un planteamiento electoralista? ¿Una estrategia presupuestaria que pondría en último lugar los derechos de Canarias? ¿La carencia de fondos por parte del Estado? ¿Es un retraso deliberado? La respuesta a las interrogantes tiene un denominador común, basado en el respeto y consideración a todos los canarios. Por eso, resulta imprescindible dar explicaciones a esta aparente irresponsabilidad.
Solo en Gran Canaria existen proyectos de vital importancia como la carretera de Agaete a La Aldea, la terminación de la circunvalación hasta Bañaderos, la GC-4, las obras de mejora de la GC-1 entre Las Palmas de Gran Canaria y el aeropuerto para resolver las retenciones de las horas punta, la finalización de la autovía del norte, la actuación entre Arucas y Bañaderos en la GC-2… Son todas estas actuaciones que ni pueden esperar ni pueden estar supeditadas a caprichos políticos.
Como es conocido, el convenio contiene una treintena de grandes obras en el archipiélago con un presupuesto global de unos 2.000 millones de euros a ejecutar en los próximos ocho años. Constituye esta una inversión capital, destacada en el propio prólogo del texto: “La materialización del convenio de carreteras reactivará la inversión, resolverá el déficit de infraestructuras, equilibrará el mercado y generará puestos de trabajo en un sector muy castigado durante los años de recortes”.
Asimismo, como toda inversión productiva tiene un efecto multiplicador importante. Conviene recordar que, según el propio convenio, los 2.000 millones de euros invertidos en infraestructuras supondrán la generación de 28.000 empleos en ocho años y generarán una riqueza para el archipiélago de 4.000 millones.
En resumidas cuentas, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria considera una cuestión urgente la firma del Convenio de Carreteras, ya que el mismo está llamado a estimular la economía de la isla, reclama su urgente inversión como efecto multiplicador y demanda una explicación convincente a las fuerzas políticas por los retrasos surgidos.
