El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una subida de impuestos en España para cumplir los compromisos con la Unión Europea y mejorar el Estado del Bienestar. "¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un Estado de bienestar de primera?, no es posible", sentenció recientemente en Bruselas.
Y, sin embargo, los canarios ya pagan muchos impuestos. Sobre todo indirectos. La recaudación del IGIC en Canarias, sin embargo, no ha parado de crecer. Entre 2011 y 2016, aumentó en más de 706 millones de euros (lo que supone un aumento del 85,2%). Llama la atención también que, dentro de la recaudación generada por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), los tributos generados por el IGIC suponen un 90% del total. Con estas cifras se superan ampliamente los registros fechados en 2010, en plena crisis.
El IGIC es el principal indicador del consumo y, por tanto, del estado de la economía en la Comunidad Autónoma, marca de hecho una línea ascendente: los 1.627 millones ingresados en 2017 casi duplican los números obtenidos hace sólo cinco años (931 millones).
“La excepcionalidad que provocó el aumento generalizado de impuestos en 2012 ya ha acabado y, por tanto, Canarias debe recuperar el diferencial fiscal con el resto del territorio nacional”. Así lo ha defendido recientemente Agustín Manrique de Lara, presidente de la CCE y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, ante el anuncio por parte del ejecutivo de Clavijo de no reformar la fiscalidad durante esta legislatura.
Este incumplimiento de la palabra puede suponer un duro revés económico al futuro de Canarias, sobre todo para el sector turístico que confiaba en la reducción del tipo general del impuesto desde el 7% actual al 5% en que estaba antes de la subida de 2012. Una fiscalidad acorde al momento económico se antoja fundamental para reactivar la renovación alojativa y consolidar la creación de empleo.
Unos impuestos tan altos dificultan la creación de empleo y, sobre todo, la consolidación en el tiempo. Expertos como la consultora KMPG o el economista Daniel Lacalle abogan por que una reducción de la fiscalidad repercutirá directamente en una mayor recuperación del empleo. Para KMPG, “España ha de afrontar reformas de calado en el sector fiscal: nuevas medidas como la rebaja en las cotizaciones o eliminación de tributos”. Diversos economistas aportan pruebas: “Los países que han mantenido impuestos bajos o los han reducido han salido antes y mejor de las crisis. Por eso, para consolidar la recuperación económica, es fundamental seguir apostando por reducir el esfuerzo fiscal”, afirma.
Además, este “cambio en la hoja de ruta” como lo denomina Manrique de Lara, viene tras haber aceptado la propuesta del ejecutivo de Fernando Clavijo de abordar la necesaria reforma del sistema fiscal. Propuesta que, a la vista de este anuncio parece que no se cumplirá. Todo ello a pesar de que el presidente de la CCE cree que es “un objetivo inaplazable para los presupuestos de 2019”.
La ciudadanía ha sido la que de ha asumido la mayor parte del esfuerzo de la recuperación, y la que han permitido sanear las cuentas autonómicas. Llegados a este punto, se hace necesario devolverles capacidad de gasto con menos impuestos y permitiendo más iniciativa privada. La administración pública debe ser eficiente para no poner en peligro los servicios esenciales.
