En los últimos meses estamos asistiendo con estupor a una ola de opiniones en contra del turismo en nuestras Islas, que se unen a la tradicional demonización que ha sufrido el sector y que en su día condujo a la moratoria turística.
Canarias es una comunidad que vive de este sector. Sus habitantes, además, siempre se han caracterizado por recibir de una manera amable y positiva a nuestros turistas, fuente de nuestra riqueza. El turismo representa más del 30% de nuestro PIB y ocupa apenas el 3% de suelo.
El turismo ha constituido un pilar imprescindible del desarrollo, de la distribución de la riqueza y es nuestro los principales generadores de empleo. Actualmente son 253.000 empleos los vinculados al turismo, casi el 48% más que en el mismo trimestre de 2009. La importancia del sector no solo se hace latente en el empleo sino en la base sobre la que Canarias ha conseguido recuperarse después de la crisis.
La llamada turismofobia puede tener efectos fatales para la economía de las islas. Sobre todo ahora que los destinos que más rivalizan con el Archipiélago están volviendo a repuntar. Esta corriente se ha visto impulsada, en alguna medida, por la proliferación de plataformas digitales de alquiler que copan las principales ciudades de Canarias. El alquiler vacacional es un modelo de negocio que ha venido para quedarse, y que debe coexistir con otros como los establecimientos tradicionales. Esta nueva vía, cuyos principales exponentes son plataformas como Homeaway o Airbnb, ha de contar eso sí con un marco legal adecuado, una fuerte supervisión y una fiscalidad que evite la economía sumergida y una competencia totalmente desleal con respecto al resto de ofertas turísticas.
Llevamos años con un marco legal intervencionista y alejado de la realidad que nos ha llevado a la situación actual. Por el contrario, el turismo en Canarias necesita un marco legal y fiscal que evite el deterioro del valor de las propiedades y que permita la coexistencia de distintos modelos de negocio. Un nuevo marco que contemple alternativas a los inversores y que asegure la redistribución de la riqueza.
