Fiscalidad

El Gobierno insiste en ahogar la capacidad adquisitiva de los canarios

El Gobierno insiste en ahogar la capacidad adquisitiva de los canarios

may. 5, 2017

La clase política, en lugar de devolver el sacrificio hecho por los ciudadanos a lo largo de los años de crisis, pretende seguir imponiendo tasas tanto a empresas como a productos para engrosar aún más las cuentas públicas. Esto es algo que no podemos permitir.

Canarias es la única comunidad autónoma (tras Cataluña) que planea establecer un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Y por si fuera poco, el Ejecutivo canario estudia también extender este gravamen a alimentos con alto contenido en grasa y azúcar, como la bollería industrial. Todo ello enmascarado en una política en pos de mejorar la salud (los expertos concuerdan en que esta no es la principal causa de obesidad infantil).

Este nuevo anuncio recuerda al impuesto a los carburantes en el llamado céntimo verde, un atraco al bolsillo de los canarios enmascarado en políticas relacionadas con la biodiversidad, la recuperación de suelos erosionados o el tratamiento de aguas. Objetivos necesarios, pero que no se conseguirán a través de restar capacidad económica a los ciudadanos. Si lo que buscan nuestros representantes políticos es obtener recursos para financiar políticas, han de optar de una vez por todas por adelgazar la administración, en vez de sustraer capacidad adquisitiva a los ciudadanos.

Según los datos del ISTAC, la cifra de recaudación por parte de las instituciones es, en algunos casos, superiores a la época anterior a la crisis. En 2006, la recaudación a través del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) era de 1.112 millones mientras que en 2016 superó los 1.535 millones. Sin embargo, el IPC y la venta de hipotecas, entre otros indicadores, vuelven a estar en niveles precrisis.

Por ello, esta no puede seguir siendo una excusa para justificar la necesidad de recaudación. Sobre todo si queremos recuperar lo más importante: la generación de empleo. Porque los ciudadanos y las empresas de Canarias ya soportan una excesiva presión fiscal desde 2012, cuando el entonces presidente Paulino Rivero impuso una subida del tipo general del IGIC del 5% al 7%. Los puestos de trabajo solo son posibles con un cambio de modelo, el aumento del comercio y, por supuesto, la iniciativa privada, no a través del Gobierno. Un Gobierno que, en este caso, puede perjudicar más que ayudar a la recuperación.

La única salida para recuperar el empleo es la receta que propone el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA: menos impuestos, más iniciativa privada y menos bloqueo legislativo.