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El céntimo verde a las gasolinas, un nuevo 'atraco' al bolsillo de los canarios

may. 17, 2016 Fiscalidad

Si lo que buscan nuestros representantes políticos es obtener recursos para financiar políticas, han de optar de una vez por todas por adelgazar la administración, en vez de sustraer capacidad adquisitiva a los ciudadanos.

ESTE BLOG Y LAS OPINIONES AQUÍ VERTIDAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA DE DEBATE Y NO EXPRESAN LA OPINIÓN OFICIAL DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA. 

Los ciudadanos y las empresas de Canarias ya soportan una excesiva presión fiscal. Aplicar un céntimo verde a loscombustibles, como ha propuesto la Federación Canaria de Islas (Fecai), supondría un nuevo atraco a los bolsillos de una población a los que los Gobiernos ya han cargado con todo el peso del recorte del déficit.

Los canarios pagan demasiados impuestos, sobre todo desde 2012, cuando el entonces presidente Paulino Rivero impuso una subida del tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 5% al 7%, e incrementó además el impuesto sobre el combustible. Un impuesto del que estaban exentos los isleños y que el Gobierno canario comenzó a recaudar en 1986. Canarias registra hoy en día, por cierto, el precio de carburantes antes de impuestos más alto de España y de la eurozona, según los datos de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

El Ejecutivo actual, escudándose en el techo de gasto impuesto desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha descartado devolver los tipos del IGIC a los niveles previos a 2012. Y eso, a pesar de que la recaudación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) acumulada ya está en niveles anteriores a la crisis. Por todo ello, aplicar nuevos impuestos a las gasolinas, maquillados esta vez con el apellido “verde”, solo restaría todavía más poder adquisitivo a los canarios para sufragar el despilfarro de la Administración. Un dinero que tendría mejor uso en las manos de las familias.

De la misma manera que resulta otro despropósito la propuesta de algunas fuerzas políticas de introducir una tasa turística en el archipiélago. El objetivo en ambos casos es el mismo: exprimir al ciudadano (o al turista) para alimentar un hipertrofiado aparato administrativo.

Si lo que buscan nuestros representantes políticos es obtener recursos para financiar políticas “relacionadas con la biodiversidad, la recuperación de suelos erosionados o para el tratamiento de aguas” (objetivos necesarios en sí mismos), han de optar de una vez por todas por aplicar una receta que han defendido en innumerables ocasiones tanto los miembros del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA por separado como la institución que representan en sus distintos manifiestos: acometer el necesario adelgazamiento de la Administración, abandonando una costosísima burocracia que solo detrae recursos que tendrían un mejor uso en el bolsillo de los ciudadanos.


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