Residencialización de zonas turísticas, deterioro de inmuebles, alquiler vacacional, economía sumergida… La prensa se hace eco a diario de las tensiones que vive la principal industria de las islas. Estas, sin embargo, no son la clave del problema, sino los síntomas más visibles de una enfermedad a la que hay que poner solución de forma urgente.
Llevamos años con un marco legal intervencionista y alejado de la realidad que nos ha llevado a la situación actual. Leyes como la de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que contiene la famosa moratoria, han ayudado a sacar productos del mercado sin proporcionar salida alguna a unos propietarios que no pueden ni vender ni explotar sus inmuebles, y que, además, arrastran en su caída el valor de todo lo que les rodea.
Canarias ha desembocado en una triste paradoja digna de una tesis doctoral: un bien escaso con fuerte demanda y que aporta valor a la sociedad y que, sin embargo, no tiene apenas valor de mercado.
Porque, ¿cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la que destinar un apartamento a 150 metros de la mejor zona de Playa del Inglés a un alquiler de larga duración y renta baja sea más rentable que explotarlo turísticamente? ¿O que este apartamento valga lo mismo que un piso en una zona de extrarradio de Las Palmas de Gran Canaria, incluso en la situación actual en la que se mezclan una fuerte demanda y una moratoria turística que hace que se pierdan plazas alojativas año tras año?
El turismo en Canarias necesita un marco legal y fiscal que evite el deterioro del valor de las propiedades. Un nuevo marco que contemple alternativas a los inversores. Porque será imposible salvar una propiedad si solo se proponen inspecciones que la sancionen o la cierren definitivamente. Esta no es más que una receta infalible para asegurarle la ruina y el abandono.
Solo hay un camino para recuperar un edificio para el negocio turístico: que se le extraiga más rentabilidad de la que obtiene en el negocio residencial. Para ello pueden ser útiles usar varias herramientas.
a) Imponer un IBI elevado y un IGIC por módulos. Así se evitaría que inmuebles amortizados se conformen con rentas muy reducidas, forzándoles a buscar otro escenario alternativo que la legislación debe facilitar.
b) Las administraciones públicas han de comprometerse a rehabilitar el entorno urbano, cuidando o asegurando el buen estado del mobiliario y el adecentamiento de parterres y parcelas. Es tarea suya, además facilitar las licencias de reforma, demolición y nueva construcción sobre esas parcelas. O regalándolas si fuera necesario.
c) Los que creemos en el libre mercado somos conscientes de que resulta inviable reconvertir todos los edificios degradados en hoteles de cuatro estrellas o complejo de apartamentos. Ese sería el escenario ideal, pero en muchas ocasiones lo imposibilita tanto la estructura de la propiedad como el entorno.
Hay que buscar, por eso, otras salidas, despejando el camino a nuevas tendencias turísticas. Es el caso del turismo vacacional. Declarado e inspeccionado, por supuesto.
La clave es pactar entre todos unos requisitos mínimos lo suficientemente bajos como para permitir que salgan de la economía sumergida; y lo suficientemente altos como para que no constituyan una competencia desleal para los sectores hotelero y extrahotelero. Estos son, no lo olvidemos, la columna vertebral de la industria y los verdaderos generadores de la oferta complementaria.
Los distintos productos, en todo caso, deberían poder convivir sin problemas. Que un complejo de apartamentos tema la competencia de una vivienda o apartamento turístico o vacacional es comparable a que un hotel de cinco estrellas tema la competencia de otro de tres, porque estamos hablando de productos distintos y complementarios. Y si se produjese esta situación, quizás habría que interpretarla más bien como una muestra de la baja calidad de un establecimiento que corre peligro de ser expulsado del mercado. En ese caso, un nuevo producto turístico solo aceleraría lo inevitable y constituiría el empujón definitivo hacia el cierre o la reconversión.
d) Otra salida, compatible con la anterior, sería permitir el turismo residencial de alta calidad, bien fijo o de temporada. Para ello, se hace necesario, de nuevo, un IBI elevado y el IGIC por módulos, junto a otras medidas destinadas a reposicionar reposicionar el producto en el segmento alto de precios.
La situación es preocupante. Pero puede empeorar en un peligroso camino de decadencia si no tomamos entre todos las medidas adecuadas. Y ya hemos perdido demasiado tiempo.
Agustín Manrique de Lara es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria)
