La CEOE ha elaborado un listado de 15 reclamaciones al Gobierno que salga de las urnas, propuestas que van desde la reducción de las cargas administrativas y el refuerzo de la unidad de mercado a la puesta en marcha de incentivos al empleo indefinido; la rebaja de las cotizaciones sociales o el establecimiento de pactos de estado en materia educativa, sociosanitaria o industrial.
1. Administración pública.
Los empresarios exigen al próximo Gobierno que hagan una política tributaria y presupuestaria que "intensifique el proceso de consolidación fiscal", además de reducir un 30% las cargas administrativas en los próximos cuatro años. Y coordinar "urgentemente" las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales y "suprimir muchos de los casi 100 impuestos autonómicos (la mayoría de carácter medioambiental)".
Asimismo reclaman un rediseño del impuesto sobre sociedades. La base imponible se ha de equiparar al máximo al resultado contable, que es el mejor indicativo de la capacidad económica empresarial.
En cuanto al funcionamiento de las empresas, proponen reducir un 30% las cargas administrativas en los próximos cuatro años.
Además, los técnicos de CEOE que han elaborado este documento dan por buenos diferentes estudios que cifran en un 20% del PIB el volumen de la economía sumergida en España. Así, piden que este porcentaje se reduzca por lo menos 4,5 puntos, lo que inyectaría unos 15.000 millones adicionales en los bolsillos del erario público, según sus cálculos. Para lograrlo, creen que deberían reducirse los “tipos elevados de gravamen y la fuerte progresividad de las tarifas, así como la supresión completa del sistema de módulos en IRPF e IVA, salvo contadas excepciones”.
2. Incentivos al empleo.
En materia laboral, la CEOE pide reformar el sistema de bonificaciones de forma que las ayudas se centren en la contratación fija (sin penalizar la temporal justificada), en los contratos a tiempo parcial y en los jóvenes. En este último caso con fórmulas de contratación "más flexibles". Además quieren que se puedan convertir los fijos ordinarios en fijos discontinuos y bonificar el proceso inverso.
En materia de despido, abogan por abaratar los despidos objetivos, es decir, aquellos en los que existe una causa económica, técnica, organizativa, o de producción. En concreto, piden “acercar” la indemnización por despido objetivo (20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad) a la indemnización por finalización del contrato temporal (12 días por año trabajado).
También proponen incrementar más que lo hecho en la última reforma laboral los mecanismos de flexibilidad interna. Esto es, las posibilidades del empresario de modificar las condiciones de los trabajadores, como su salario, funciones, turnos etc.
Quieren igualmente que se reforme el sistema de prestaciones por desempleo, de forma que se vincule su cobro al aprovechamiento de la orientación y formación por parte del parado, así como a la intensidad de su búsqueda de empleo.
4. Sector exterior
Quieren ampliar la base exportadora y la diversificación geográfica de las exportaciones. Para ello reclaman una mayor promoción y protección los intereses económicos españoles en el exterior y que se aplique el principio de subsidiariedad de actuaciones al ICEX España Exportación e Inversiones.
5. Unión Europea
Los empresarios quieren que la UE sitúe a la competitividad en el centro de su toma de decisiones y para ello, piden una simplificación reglamentaria y una mayor participación de los interlocutores sociales.
6. Educación
Reclaman con énfasis a los partidos que salgan elegidos en las próximas elecciones "un pacto social por la educación" que de estabilidad a las políticas educativas. Asimismo reclaman "promocionar, en función de su eficacia, una mayor participación de la enseñanza privada, concertada o no, incluida la universitaria". Y también aumentar la gestión privada en los centros públicos educativos.
Y demandan una relación "más fluida" entre el sistema educativo y las empresas; con mayor permeabilidad entre los centros y el mercado laboral, sobre todo en los niveles de formación profesional y universidad.
7. Formación profesional para el empleo
CEOE retoma su reivindicación no conseguida en la última reforma del sistema de formación de trabajadores de que sean las empresas las que gestionen toda la financiación de este sistema, que se obtiene mediante la cuota de formación que pagan las empresas y, en menor medida, los trabajadores.
La CEOE recuerda la necesidad de que se produzca una rebaja de las cotizaciones sociales, hasta situarlas en los niveles similares a los de los países del entorno. Si bien precisan que esta rebaja debe combinarse con "más reformas que hagan sostenible y viable en el tiempo el sistema público de pensiones".
9. Financiación
En este punto, CEOE quiere que se mejoren los instrumentos financieros, con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, para que ofrezcan, sobre todo a las pymes, financiación a largo plazo para inversiones y efectivo.
10. Responsabilidad Social
Fomentar la RSC pero siempre desde la "voluntariedad y la unidad de mercado". En este sentido, rechazan también soluciones homogéneas en aspectos como reputación, transparencia o ética, ya que, en su opinión, deben adaptarse al tamaño, estructura y tipo de empresa.
11. Innovación y digitalización
Los empresarios consideran este punto los "ejes del futuro" de la economía española. Para ello reclaman un aumento de la inversión en I+D+i, sobre todo del sector privado. Pero para ello, consideran "imprescindible que las restricciones presupuestarias no afecten a esta inversión ni al desarrollo de la economía digital. Su objetivo es que se llegue al 2% de gasto en I+D en porcentaje del PIB "en el menor plazo posible y en cualquier caso no más allá de 2020.
12. Industria, energía y medioambiente
CEOE engloba en un mismo punto estas tres áreas, porque propone a los partidos la necesidad de alcanzar "un Pacto de Estado a nivel nacional en materia de política industrial" para conseguir que la industria pese el 20% del PIB en 2020. En este acuerdo se incluirían medidas para disponer de energía "a precios competitivos". Y reclaman que los poderes públicos defiendan la competitividad de la industria europea a la hora de aplicar las políticas de cambio climático.
13. Transporte, logística e infraestructuras.
Seguir impulsando el actual esfuerzo inversión y la colaboración público privada en la construcción de infraestructuras. En materia de vivienda, los empresarios creen que se debe "favorecer la nueva construcción " porque prevén que "dejará de existir una acumulación de stock de vivienda de forma generalizada".
14. Sanidad.
También para esta área la asociación empresarial pide un "pacto nacional por la sanidad" en el que se apoye un sistema público, universal y de financiación pública y que se “apueste decididamente por la colaboración público privada para ganar competitividad", añaden
15. Igualdad.
La patronal considera que se debe "fomentar la gestión de la igualdad como una cuestión estratégica y un factor de competitividad empresarial", aunque esta ha de ser "voluntaria".
